El 24 de febrero comenzó una guerra convencional en Ucrania y otra, con las armas de la censura, en Rusia. Ambas están comandadas por Vladimir Putin. El autócrata inició en su país un combate para controlar la información que circula sobre la invasión, que para algunos sería el golpe final a las libertades de prensa y de expresión. El efecto fue inmediato: un número relevante de medios internacionales suspendió sus corresponsalías, incluida la británica BBC; muchos periodistas se marcharon y el Kremlin acentuó su política de persecución a los disidentes.

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Para reforzar el cerrojo informativo, el Gobierno de Putin emitió nuevas medidas para bloquear las manifestaciones que desafíen el discurso de Estado sobre “la operación militar especial” en Ucrania. En ese ambiente tan adverso para el debate libre, la Novaya Gazeta, el medio de comunicación ruso reconocido por su coraje y autonomía, encontró la forma para seguir reportando sobre la guerra: no usa el sustantivo vedado, pero lo sugiere con la ayuda de unos paréntesis.

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“¿Qué países aceptaron la mayor cantidad de refugiados ucranianos? Según los últimos datos, debido a ... (la palabra está prohibida en la Federación Rusa - Editorial) más de 2,8 millones de refugiados ya han abandonado Ucrania”, tuiteó el diario el 15 de marzo en su cuenta @novaya_gazeta. Gracias a los traductores automáticos (entre ellos el de Google disponible en su navegador, Chrome), la circunstancia de que los artículos están escritos en ruso no supone un impedimento para los hablantes de otras lenguas que deseen leerlos. Tras el último despliegue de fuerza de Putin, esta es una de las pocas ventanas hacia el periodismo profesional que quedan abiertas tanto para quienes viven en Rusia como para los extranjeros que desean saber qué ocurre fuera de la órbita de la publicidad oficial.

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Los esfuerzos de Moscú por controlar la opinión pública no son declarativos. En una publicación del 11 de marzo, la agencia Reuters reveló que una mujer había sido multada con casi U$S 240 (alrededor de $ 48.000, según la cotización libre de la divisa en la Argentina) por escribir “no a la guerra” (“nyet voinye”) y dibujar un corazón en la nieve al pie de una estatua del fundador del Estado soviético, Lenin, en una plaza de la ciudad siberiana de Krasnoyarsk durante una protesta escasamente concurrida. “Después de casi ocho horas de estar sentada en una comisaría y de comparecer ante un tribunal, Vera Kotova se convirtió en una de las primeras personas en ser juzgadas y penalizadas por violar una nueva norma que castiga las manifestaciones de descrédito hacia las fuerzas armadas”, indica la noticia. El hecho se viralizó en Telegram, una de las redes sociales que los rusos aún pueden usar para conectarse entre sí y con el exterior.

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Actividad peligrosa

La ley aplicada a Kotova fue sancionada por el Congreso afín a Putin el 4 de marzo. Esta regulación penaliza hasta con 15 años de cárcel la difusión de “noticias falsas” y la “desinformación”, y declara ilegal la diseminación de críticas al accionar del Ejército. Tales restricciones se suman a otras que permiten apresar a quienes, por ejemplo, asisten a las manifestaciones de protesta. Según las organizaciones de derechos humanos que monitorean la represión, miles de ciudadanos y residentes rusos sufrieron arrestos por repudiar la guerra en la vía pública.

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Aunque hay razones para temer castigos, la pretensión de apagar las voces críticas a la invasión de Ucrania aún no ha logrado imponerse por completo. El lunes, la editora Marina Ovsyannikova irrumpió con un cartel en la pantalla del noticiero más popular de Rusia, Vremya, que emite Canal 1. “Frenemos la guerra. No crean en la propaganda. ¡Les están mintiendo a ustedes aquí!”, decía la pancarta.

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Ovsyannikova y su mensaje estuvieron sólo unos segundos al aire, pero fueron suficientes para que aquella fuera arrestada y para que su “hazaña” se viralizara.

En Twitter, La Gazeta Novaya publicó la captura del video, pero, para no correr la misma suerte que la editora, borró el texto de la pancarta y la dejó en blanco. “Tenemos prohibido transmitir el mensaje (de Osyannikova) por Roskomnadzor (Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación) y por el Código Penal”, explicó el medio.

Con ingenio e ironía, la Novaya Gazeta subsiste sin colocarse la mordaza del Kremlin, a diferencia de otros reductos del pensamiento crítico que terminaron cerrando, como Eco de Moscú, una estación de radio fundada en los 90 por promotores de la Perestroika, y TV Rain. Es un desafío mayúsculo para el equipo que dirige Dmitri Muratov, ganador del Premio Nobel de la Paz el año pasado junto a la periodista filipina María Ressa. Seis investigadores de la redacción de la Novaya Gazeta fueron asesinados desde 2001, entre ellos Anna Politkovskaya, quien investigó los crímenes de Estado cometidos en Chechenia. En 1993, el ex presidente ruso Mijaíl Gorbachov destinó los fondos que había recibido con su propio Nobel de la Paz para fundar este medio empeñado en ejercer las libertades de dar y recibir información sin cortapisas en un país donde ello siempre fue considerado una actividad peligrosa.

Aunque la Novaya Gazeta pide activamente donaciones y suscripciones para que el staff “pueda seguir hablando de lo que otros temen y piensan”, su situación es extremadamente frágil. Muratov admitió que cada vez les resulta más difícil sortear el cerco informativo construido por el Estado, según un artículo reciente publicado por The New York Times. La idea de colocar el término “guerra” entre paréntesis luce poco sustentable en función de lo que Putin ya demostró que está dispuesto a hacer para conseguir sus objetivos.

La Novaya Gazeta está agotando sus recursos: el 10 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo emitió una medida cautelar mediante la que ordenó al Kremlin abstenerse de cualquier acción y decisión que obstruya y acabe con las actividades de aquel medio de comunicación. Putin reaccionó con una postura irreductible: anunció que su país se retira del sistema institucional formado alrededor de la Convención Europea de Derechos Humanos, al que había ingresado en 1996 para fortalecer el proceso de integración internacional y de democratización.

Esta salida se materializó ayer, cuando el Consejo de Europa anunció que Rusia ya no forma parte de una organización que, entre otras misiones, ha de velar por el respeto de las libertades de prensa y de expresión.